Extremadura dispondrá en breve de una nueva Ley de Caza, que será más «moderna» y menos densa en su articulado, pero que todavía contempla un desarrollo impositivo que puede hacer que las empresas cinegéticas de la comunidad autónoma sean «poco viables».
Así lo manifestó esta mañana un miembro de la Asociación de Gestores Cinegéticos de Extremadura, Antonio Bueno, quien compareció en la Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente para expresar su opinión sobre el Proyecto de Ley de Caza que se está tramitando en el Parlamento regional.
En dicha Comisión también intervinieron el catedrático de Zoología de la Universidad de Extremadura (UEx), Juan Carranza; el presidente de la Federación Extremeña de Caza, Rafael Domínguez; un representante de la UEx en el Consejo Regional de Caza, Cipriano Hurtado; y un representante de APROCA, Ignacio Pinilla.
Durante su comparecencia, Antonio Bueno consideró que la nueva Ley es un buen texto, puesto que corrige errores de la anterior legislación, aunque sentenció que existe aún una imposición tributaria fiscal a los titulares de los cotos privados que «nos comparan con otras comunidades autónomas, y hace que no sean viables nuestras empresas cinegéticas».
Bueno calificó este aspecto de «un dislate, un disparate y un tropiezo», además de creer que la Junta de Extremadura «no» ha hecho hincapié en intentar por todos los medios modificar esa tasa.
En este sentido, sentenció que en el preámbulo de la nueva Norma hay una «buena intención» por parte del Gobierno autonómico de intentar que la Ley sea también social, pero «al final es una Ley que quiere pero no puede». Por eso, adelantó que su Asociación va a intentar que esto se subsane porque es un «verdadero dislate», ya que la media que se paga en España es de 0,30 euros por hectárea, mientras que en Extremadura sube hasta el 5,25 por ciento.
En la misma línea se pronunciaron Rafael Domínguez e Ignacio Pinilla. El primero se quejó de que en algún momento de la Ley se equipara la caza social a la privada, puesto que los terrenos sociales tienen que pagar «más o menos» el mismo precio euros/hectárea que lo que están pagando los cotos deportivos, que ahora pasan a privados.
«Esto no nos parece o más adecuado para la caza social, ya que deberían tener las mismas oportunidades todos los cazadores de Extremadura, y tener los mismos impuestos en cuanto a su tasa», añadió.
Por su parte, Ignacio Pinilla manifestó que hay algunos aspectos de la nueva Ley que aún son modificables, como el relacionado con el desarrollo impositivo, que consideró que es «totalmente negativo» para el desarrollo de la actividad cinegética.
LEY MODERNA
Pero no todo fueron críticas. Por ejemplo, Juan Carranza opinó que es una Ley «moderna» y que avanza en una mejor gestión, además de hacer una apuesta importante por la conservación desde el punto de vista de preservar la calidad cinegética mediante buenas prácticas.
Otro aspecto que apuntó como fue el que se considere a la caza no sólo como una explotación económica, sino que también se la vea como una actividad social.
Cipriano Hurtado indicó que es un Proyecto de Ley que mejora «considerablemente» la anterior Ley, ya que, por ejemplo, contempla la desaparición, por un lado, de los terrenos libres, que eran unas zonas que «daban muchos problemas»; y por otro, desaparecen los cotos deportivos que competían con los cotos privados y con los cotos sociales.
Finalmente, subrayó que es una Norma menos densa en su articulado, y por lo tanto, con referencias a un reglamente que es el que se debe elaborar ahora para dar una «verdadera» visión global de los que tiene que ser la actividad cinegética y la propia Ley.